Siguen abiertos expedientes por múltiples denuncias

Poza Rica, Ver.- Anunciados como la nueva Policía en el estado y la Policía que combatiría la delincuencia en la zona norte en el sexenio de Javier Duarte, desde su llegada, la Fuerza Civil se consolidó como una de las peores corporaciones policiacas que con sus acciones dejó abiertas miles de denuncias por abuso de autoridad, desaparición forzada, robo, extorsión y un sinfín de atropellos.

Las desapariciones forzadas y los levantones de personas se volvieron un suceso muy común de ver y escuchar en la ciudad desde julio del 2015, cuando desapareció la Policía Intermunicipal y llegó la Fuerza Civil.

4 años después, y a pesar de que ya no están en la zona, el Ministerio Público no ha cerrado las carpetas de investigación donde miles de personas denunciaron haber sido víctimas; en muchos casos, se alegaba que los desaparecidos pertenecían a grupos delictivos y servían como halcones, vendedores de droga o estacas.

Una fuente que Vanguardia consultó, refirió que aunque se hayan ido de la ciudad, siguen siendo imputados pues en varias de las carpetas son señalados directamente. En otras más, figuran sus nombres, características físicas y números de patrullas, aunque también hay otras donde sólo se les señala como “la Fuerza Civil”, pues en muchas ocasiones los elementos actuaban encapuchados.

Una de las desapariciones que la Fiscalía nunca pudo esclarecer es la del colombiano Helio Toro Valenzuela, a quien elementos de la FC interceptaron a pocos meses de haber llegado a la ciudad. Hubo testigos que afirmaron haber visto como lo subieron a una patrulla tras una “revisión de rutina”, y que al darse cuenta que no era mexicano, se lo llevaron detenido.

Tiempo después, el gobierno de Colombia exigió que se esclareciera la desaparición del comerciante pero nunca pasó nada.

De día y de noche, en zonas pobladas o no, los policías actuaban con total arbitrariedad y nunca, absolutamente nunca, se sancionó a uno de ellos.

Incluso, fueron señalados de desaparecer a comerciantes, gente inocente y hasta menores de edad en el parque Juárez. Todo se encuentra documentado dentro de carpetas de investigación de la FGE.

Ingresaban a viviendas para realizar detenciones, hacían supuestos cateos, instalaban retenes para revisar autos o a transeúntes, con la finalidad de quitarles sus pertenencias.

A pesar de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos siempre aseguró que las corporaciones policiacas encabezaban la lista de quejas, nunca se sancionó a uno sólo de los policías.

Un abogado indicó a este medio que aunque varios de estos elementos hayan renunciado o ya no estén en la SSP, la Fiscalía debe sancionarlos ya que esos delitos los cometieron mientras eran servidores públicos, o en su defecto la Secretaría de Seguridad Pública debe responder por tales arbitrariedades.