Poza Rica, Ver.- Lo que habría iniciado como el mayor golpe a la delincuencia organizada en el norte del estado, poco a poco parece llegar a su fin, pues la Fiscalía General del Estado sólo espera fechas para las audiencias de juicio oral que serán decisivas para los 35 acusados de secuestro. Sin embargo, los actos de investigación llevados a cabo por la fiscalía parecen ser insuficientes para lograr sentencias condenatorias, pues la defensa poco a poco ha echado abajo lo que muchos han catalogado como “un teatro mal armado”.

Como si se tratara de un auténtico guion, digno de una serie en Netflix, la entonces fiscal de distrito Martha Lidia Pérez Gumercindo encabezó la investigación por la detención de al menos 35 presuntos secuestradores, que habrían sido atrapados en El Mollejón en esta ciudad. Cuentan quienes saben que todo está mal, y no hay ni cómo obtener una condena.

A los 35 se les acusa de secuestrar a dos víctimas, una de ellas es un policía de Fuerza Civil y el otro, un albañil. La detención fue anunciada como el mayor golpe a la delincuencia que imperaba en la zona norte en las últimas horas del 2016.

El gobierno destacó el uso de drones, helicópteros, patrullas y decenas de elementos que habrían logrado la captura de los presuntos infractores. La carpeta fue integrada con las evidencias que la SSPO había aportado, pero que hoy parecen no ser suficientes.

Hoy, a 33 meses de la detención, los imputados ya se ven con un pie fuera del reclusorio, pues la defensa ha acreditado con informes de la SSP que al momento de los hechos no había helicópteros.

Además, se alega que las dimensiones de la casa no podrían albergar a 35 personas, 2 víctimas y 10 policías; hecho que vendría a confirmar la teoría de que no fueron arrestados en el mismo lugar. “Algunos fueron sacados de sus casas”, han insistido las madres. La defensa ha ganado dos amparos que dejaron sin efecto las actuaciones de la FGE y se ordenó reponer el proceso.

La decisión del juez será emitida en los próximos días; hasta ahora nadie ha recuperado su libertad y la FGE sólo ha obtenido una sentencia condenatoria contras dos imputados.

Mientras tanto, quien integró esta carpeta de investigación donde además se acusa tortura, al día de hoy es jefa de la oficina de desaparecidos de la FGE; con anterioridad se desempeñó como jefa de investigaciones ministeriales y fiscal regional.

Los familiares de los imputados advierten que si estos recuperan su  libertad, tienen todo listo para interponer denuncias contra todos los que integraron la investigación; “tan seguros estamos de que no son culpables que retamos a la FGE a que demuestre lo contrario, porque si no lo hacen, nosotros nos vamos contra Martha Lidia”, aseguró la mamá de uno de los que hasta hoy se encuentra en el penal de Poza Rica.