Xalapa, Ver.- La determinación de separar temporalmente a Jorge Winckler Ortiz de la Fiscalía General del Estado y designar como encargada de despacho a la abogada Verónica Hernández Giadáns, fue un acuerdo de todas las fracciones políticas del Congreso del Estado, a excepción de la bancada de Acción Nacional, explicó Juan Javier Gómez Cazarín tras emitir el posicionamiento oficial del Grupo Legislativo de Morena.

“Hemos demostrado que prevaleció la soberanía del Poder Legislativo como una representación popular autónoma e independiente; derivado de un profundo análisis del tema se escuchó la decisión plural de todas las ideologías y finalmente consideramos oportuno adoptar esta medida cautelar”, resaltó el presidente de la Junta de Coordinación Política.

Durante su intervención, afirmó que el punto de acuerdo aprobado por la Diputación Permanente estuvo sustentado en ideales republicanos, donde ponderaron el interés colectivo sobre el individual “buscamos brindar certeza jurídica, paz y seguridad a Veracruz, respetando los derechos fundamentales de la ciudadanía”.

Gómez Cazarín retomó las palabras de la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que Winckler fue impuesto a modo por la anterior administración estatal.

Por otra parte, recordó que el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de México establece el sustento legal para fundamentar esta medida, toda vez que los fiscales de las entidades federativas pueden ser separados de sus cargos si no cumplen los requisitos que las leyes señalen o por incurrir en responsabilidad en su actuación.

Ante ello, sostuvo que la Diputación Permanente determinó separar a Winckler Ortiz dada la gravedad, urgencia y necesidad de evitar daños irreparables a los derechos fundamentales de las y los veracruzanos en materia de procuración de justicia, tutela judicial y seguridad jurídica. En este tenor, lamentó que la fiscalía se encuentre ubicada en el penúltimo lugar del Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías 2019 del proyecto Impunidad Cero.

Recalcó también las disposiciones derivadas del decreto en materia penal del 18 de junio de 2008, por el que se estableció que ninguna persona podrá ingresar ni permanecer en instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, como es el caso de Winckler, quien no cuenta con estos controles de confianza.

“El Poder Legislativo solicitó información ante las autoridades competentes para evaluarlo; sin embargo, la respuesta fue que no existe constancia alguna de que cuente con certificación, revalidación y registro conforme lo previsto en el artículo 65 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

Por todo lo anterior, se trata de una decisión bien fundamentada por los preceptos de derecho y motivada por los hechos, donde se ha evidenciado el fracaso de Winckler Ortiz al frente del órgano autónomo.